La política colombiana siempre ha tenido sus dosis de exageración, escándalo y espectáculo. Pero hay momentos en que el show se convierte en delirio.
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Esta semana, un sector del Congreso, presionado por una denuncia del exministro Wilson Ruiz, aquel mismo que fue parte del gabinete de Iván Duque, ha abierto un debate que raya en lo grotesco: ¿debería el presidente de la República someterse a una prueba toxicológica?
Todo nació de unas cartas escritas por Álvaro Leyva, un excanciller que, tras salir del Gobierno por sus propias equivocaciones, decidió hacer públicas sus opiniones, en ocasiones apasionadas, confusas o mal redactadas sobre los derroteros de la política exterior y lo que debería ser para él un presidente.
Como Leyva mencionó al presidente y dejó entrever dudas, el país político se lanzó en picada contra Gustavo Petro, no por los hechos, sino por las formas. “Ciudadanos y ciudadanas”. Como si estuviéramos en el Congreso de TikTok, no faltó quien insinuara: “alguien debería hacerle una prueba toxicológica”.
Lo increíble es que la Comisión de Acusaciones, ese órgano que raramente acusa y casi nunca investiga, le dio cuerda al disparate, sin darse cuenta de que se está metiendo un tiro en el pie:
¿De verdad vamos a abrir la puerta a evaluar la lucidez de los presidentes con pruebas clínicas, cuando no somos capaces ni de evaluar la competencia ética y cognitiva de los congresistas que los interpelan?
Si vamos a hablar de pruebas, hablemos en serio.
¿Por qué no exigir entonces un examen toxicológico, neuropsiquiátrico y de salud mental completo a cada senador y representante antes de asumir su curul y durante al menos tres ocasiones mientras estén ejerciendo?
¿Por qué no hacer públicos sus historiales disciplinarios, financieros y médicos antes de que tomen decisiones que afectan a millones? ¿Por qué no extender esa lógica a jueces, fiscales y militares?
Porque si el argumento es garantizar que los que ostentan poder estén en plenas condiciones de ejercerlo, el estándar debe ser universal. De lo contrario, no estamos hablando de salud pública ni de institucionalidad, sino de persecución selectiva y espectáculo político o peor aún, de alguna clase de chantaje: ¡ojalá que no!
Colombia necesita debates de altura, no diagnósticos de farándula o acusaciones finalizadas por congresistas laminados, camikasis que nada tienen que perder por estar condenados no solo a la prisión, si no, a la muerte política.
Si el Congreso cree que hay razones para cuestionar la estabilidad del Presidente, que las sustente con hechos, no con rumores de pasillo, ni malebas fantasías de laboratorio de un excanciller en el ocaso. Y es que hay que decir las cosas como son, ni a Leyva le harán su examen psiquiátrico, ni a los congresistas que buscan las pruebas toxicológicas les harán evaluaciones, pues se juntaron dos tristes coincidencias: ni el de las cartas, ni el de las acusaciones volverán a hacer política.
Y si nos preocupa el uso de sustancias en las esferas del poder, entonces seamos valientes y coherentes: empecemos por examinar el Congreso. Porque si vamos a pedir pruebas para uno, pidámoslas para todos. Y no solo toxicológicas, sino también éticas, jurídicas y, sobre todo, de decencia:
Que tal encontremos que hay congresistas condenados por delitos electorales buscando justicia electoral en la comisión, congresistas empresarios oponiéndose a la reforma laboral, enfermos psiquiátricos oponiéndose a reformas de la salud… adictos al alcohol y a sustancias psicotrópicas “piloteando en las plenarias”
Interesante que la prueba sea para todos, si el congreso quiere pruebas, seguramente también deban someterse a ellas, porque el que puede lo más, puede lo menos.
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